Políticas públicas, concepciones científicas e impacto de las innovaciones en el territorio

Hasta mediados del siglo pasado, la transferencia del conocimiento científico producido no había constituido un objeto de interrogación. Con anterioridad al inicio de la Primera Guerra Mundial la ciencia aún no estaba profesionalizada y su institucionalización dependió, en buena medida, de la utilidad que comenzó a mostrar para el sector productivo y la competencia entre naciones. La finalización de la Segunda Guerra Mundial despertó el interés en mensurar el éxito de la inversión realizada en los nacientes complejos científico-tecnológicos de los países centrales.

A ello se añadía la disputa entre proyectos nacionales, militares y científicos por el control del financiamiento futuro. En ese contexto, el primer modelo que buscó dar respuesta al interrogante acerca de la transferencia efectiva de conocimiento científico hacia – en aquel entonces- el sector industrial, adquirió en términos epistemológicos, sociológicos y políticos una naturaleza lineal, secuencial y progresiva. Se entendía que la ciencia era un tipo de conocimiento específico orientado al descubrimiento de las leyes naturales estructurantes del mundo, del cual se derivaban enunciados que fácilmente eran traducidos en artefactos tecnológicos.

Dichas tecnologías eran adoptadas por el sector productivo, el cual aventajaba a sus competidores a partir de la aplicación de dispositivos innovadores. Como corolario, las políticas de promoción de la Innovación y el Desarrollo (I+D) debían garantizar la libertad científica, misma que derramaría sobre los tecnólogos un conocimiento puro, susceptible de ser traducido al lenguaje artefactual, y a su vez, aprovechable por el complejo productivo. Este modelo lineal, presentado sintéticamente, ha tenido un segundo formato – que conserva el ordenamiento, la secuencialidad y los actores constitutivos- aunque impulsado por la tecnología. En lugar de otorgar plena libertad a la ciencia al momento de definir las agendas de investigación, se buscaba que fuera el segundo elemento del modelo, la tecnología, el que estimulara el componente innovador, implicando necesariamente una planificación de la ciencia tal que pudiera abastecer las demandas artefactuales y productivas, configurando aquello que se ha denominado históricamente como Modo 2.

Bajo estos enfoques, las políticas públicas deben impulsar desde el financiamiento – o en el segundo modelo a partir de la planificación previa- aunque no necesariamente intervenir para favorecer la adopción de los resultados de las investigaciones en sectores que permitan dar respuesta a demandas concretas. Con posterioridad, los trabajos de Sábato y Botana, Lundvall, la triple hélice, entre otros reconocidos autores, han problematizado la linealidad y secuencialidad asumidas por el modelo lineal, sugiriendo poner énfasis en la necesidad de articular los distintos sectores en los que se produce el conocimiento.

Recientemente, un factor adicional ha comenzado a ser indagado. Nos referimos a la adopción concreta por parte de empresas, ciudadanos, organismos gubernamentales de aquellos resultados que los científicos producen en el marco de sus investigaciones. De este modo, se visibilizó la complejidad que este eslabón de coordinación entre hallazgos -incluso bajo un formato tecnológico- y potenciales beneficiarios involucra.

Bajo esta perspectiva, se han creado diversos instrumentos dentro del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (SNCTI). Ejemplos de ello lo constituyen las Unidades de Vinculación Tecnología (UVT), normativas diseñadas e implementadas para estimular la protección de los resultados adquiridos en el marco de los proyectos de investigación públicos y privados, líneas de financiamiento para costear los gastos involucrados en el patentamiento, entre otros instrumentos. Sin embargo, aún resta explorar casos concretos de mejora de la articulación de los investigadores enmarcados en carreras científicas con sus potenciales beneficiarios. Ello requiere considerar las singularidades de perfiles institucionales y científicos a la hora de indagar al respecto.

En ese sentido, dada la trascendencia que la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA) ostenta en el territorio provincial – en incluso a nivel federal como industria de un conocimiento valioso para la ciudadanía, se constituye como un actor indispensable en este tipo de abordajes teóricos. Para profundizar la comprensión del aporte que las investigaciones promovidas por la CIC-PBA representan al territorio de la provincia, hemos iniciado el proyecto de investigación titulado Políticas científicas de la Provincia de Buenos Aires en el siglo XXI. Una aproximación sobre los resultados alcanzados por la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC PBA) en el marco del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza.

¹Ingeniera industrial de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Maestranda en Gestión de la Educación Superior de la UNLaM. Docente investigadora de la UNLaM.